La educación es cosa de todos y todas. No es solo cosa de niños, niñas y jóvenes, de sus familias o de la comunidad educativa. El derecho a la educación nos interpela a todos y todas, ya que garantizarlo nos acerca a una sociedad justa y equitativa. En definitiva, construir una ciudad educadora es construir una ciudad democrática.
Un derecho a la educación entendido en sentido amplio, especialmente en un momento complejo como el actual, a causa de la pandemia, requiere un compromiso firme para hacer frente a los retos del futuro. Una educación que no puede ser entendida como sinónimo de enseñanza obligatoria, sino que debe contemplar necesariamente desde la pequeña infancia y su valor educativo -como etapa esencial para compensar desigualdades y prevenir el abandono escolar prematuro- hasta la educación a lo largo y ancho de la vida – como elemento clave para afrontar con garantías los retos y oportunidades, marcados por el cambio, del momento actual.
Una ciudad educadora que da valor y entrelaza aprendizajes con el tejido comunitario y asociativo, las experiencias de los barrios, la sabiduría intergeneracional o el uso pedagógico de espacios más allá del centro escolar. Un derecho a la educación entendido colectivamente que, solo así, puede convertirse en un elemento clave para la igualdad de los derechos y la inclusión social. En una sociedad enriquecida por la diversidad, pero a la vez afectada por las desigualdades, garantizar el derecho a una educación inclusiva es una clave de aprendizaje fundamental para consolidar la convivencia y la cohesión social.
Por ello, la educación de los niños, las niñas y los jóvenes, y de toda la ciudadanía, es una labor de vital importancia. Una tarea demasiado importante para realizarla en soledad. No la pueden llevar a cabo solamente las familias, ni solo las escuelas, no tampoco podemos hacerlo las ciudades solas. Debemos trabajar conjuntamente.
Es en este paradigma que el Derecho a la Ciudad Educadora adquiere toda su relevancia. Porque la Ciudad Educadora entiende la educación como un patrimonio colectivo, corresponsabilidad de todos los agentes sociales, incluida la misma ciudad, para corregir desigualdades y garantizar una educación de calidad para todo el mundo. Porque en la ciudad educadora, la diversidad en todas sus dimensiones es una fuente de riqueza y aprendizaje y donde todo el mundo cabe, para recibir, y también para aportar. El día 30 de noviembre celebramos el Día Internacional de la Ciudad Educadora. Las ciudades nos comprometemos a trabajar para educar en igualdad y hacer llegar muy lejos el mensaje de esta edición, al que os invitamos a sumaros: no dejar a nadie atrás.
Pau Gonzàlez Val
Concejal de Educación del Ayuntamiento de Barcelona
Presidente Delegado de la AICE
Este año ha sido un año excepcional en muchos sentidos, un año en que hemos tenido que afrontar muchos retos, especialmente hacer frente a una pandemia con todo lo que conlleva tanto respecto a la salud física, como a la emocional, y a escala social, cultural y educativa. Situación que ha implicado un gran esfuerzo por parte de todas las autoridades locales, buscando la mejor manera de dar respuesta a las necesidades y dificultades surgidas, poniendo los cuidados y la vida de las personas en el centro.
En este contexto de especial dificultad, los pueblos y ciudades educadoras hemos puesto nuestro empeño y deseo en revisar nuestra Carta fundacional coincidiendo con los 30 años del primer Congreso Internacional. Y lo hemos hecho desde la convicción que las Ciudades Educadoras a través de nuestros principios, responsabilidades y compromisos, sumamos y multiplicamos mejoras en el bienestar de las personas, potenciando las transformaciones necesarias para el bien común. Poder llevar a cabo una reflexión coral al respecto, nos ha permitido seguir avanzando con nuevos desafíos y propuestas para nuestras ciudades.
Este año celebraremos el Día Internacional de la Ciudad Educadora con el lema: La Ciudad educadora no deja a nadie atrás, evocando uno de los principios fundamentales de la vida y de los derechos de todas las personas: garantizar la equidad y la inclusión de todos y todas. Un planteamiento firme que apuesta por estrategias de inclusión y reducción de desigualdades.
Para ello, es necesario seguir dando pasos firmes e intencionados, con la clara voluntad de poner la vida de las personas en el centro de las políticas locales sin dejar a nadie atrás. Este debe ser nuestro desafío y para ello debemos trabajar unidos, de manera continuada y transversal con la diversidad de actores que con(viven) en nuestros pueblos y ciudades: administraciones, instituciones diversas, entidades, equipamientos y personas. Un tejido social y humano, que conforma el capital humano y el corazón de nuestros municipios.
Debemos seguir apostando por actuaciones orientadas a reducir el impacto de la crisis sobre las diferentes formas de exclusión. Para ello, las políticas locales deben recuperar con más fuerza que nunca la misión de hacer efectivos los derechos sociales de todos los vecinos y vecinas, reforzando las políticas proactivas de reducción de desigualdades y eliminando las barreras con las que se encuentra la población que sufre procesos de empobrecimiento, evitando trayectorias de descalificación social. Solo así, se podrá superar la fractura producida por la crisis. Aquí, el enfoque comunitario es clave: una ciudad que no deja a nadie a atrás, potencia redes de soporte relacional y comunitarias, importantes para prevenir procesos de exclusión social.
Únicamente se podrán desarrollar proyectos de vida dignos y autónomos a través de políticas transformadoras, universalistas y que evidencien el vínculo entre las dificultades y los intereses del conjunto de la ciudadanía.
Es necesario pues, seguir tejiendo propuestas y complicidades desde, con y para las personas. Dando voz a aquellas invisibilizadas y excluidas. Preguntándonos siempre, ante cualquier reto, ¿quién se ha quedado fuera? para salir a su encuentro, para construir políticas destinadas a las necesidades reales de todas las personas, dando respuesta a los principios inspiradores de la Carta de Ciudades Educadoras, y desde la responsabilidad pública y ética que nos caracteriza.
Debemos seguir reafirmándonos en un compromiso conjunto para garantizar una ciudad de derechos y oportunidades para todas las personas. Para ello, es necesaria la corresponsabilización de todos y todas, para avanzar y reducir las desigualdades. Hay que poner el acento en cuestiones prioritarias como el acceso a la vivienda, la lucha contra la pobreza infantil o los cuidados a las personas mayores.
No cabe duda que debemos seguir avanzando sustancialmente en garantizar los derechos sociales de las personas y en la consolidación de los pilares fundamentales para que nuestras ciudades sean más justas, diversas e inclusivas, más habitables, más feministas, y más saludables. Unas ciudades más educadoras que abran un abanico de posibilidades para todo el mundo, que ofrezcan unos servicios accesibles y un entorno adecuado para el desarrollo individual y colectivo, sostenible y desde y con justicia ambiental.
Seguimos adelante con la apuesta de co-crear pueblos y ciudades educadoras valientes, comprometidas y enérgicas, que sitúen a las personas en el centro, consiguiendo hacer unas ciudades más nuestras, más de todos y todas, en definitiva unas ciudades más vivibles. Que posibiliten que la ciudadanía sea y esté cada día más empoderada, activa y socialmente comprometida.
Quisiera acabar con un deseo, que no es otro que, desde las Ciudades Educadoras sigamos contribuyendo a potenciar entornos que sean ecosistemas vivos, inclusivos, generadores de bienestar; municipios que contribuyan a ofrecer una vida digna a las vidas de cada uno de nosotros y nosotras.
Maria Truñó
Comisionada de Educación del Ayuntamiento de Barcelona